La sala olía a café recalentado y a nervios. En la mesa, tres cineastas, una productora y un moderador que abrió con una pregunta que no era retórica:
¿se puede hacer cine libre cuando el dinero y el poder escriben el guion? La respuesta, durante casi dos horas, fue un no con matices. Una crónica de resistencia.
Primero, la financiación. No es un detalle administrativo: es el primer filtro. Quién paga decide qué historias existen y cuáles se quedan en el cajón. La distribución remata: si no te ven, no existes.
En Venezuela lo saben bien. Hablaron de censura, de exilio, de películas que solo pudieron estrenarse fuera. En Francia, la ultraderecha no necesita prohibir: amenaza, hostiga, corre el margen. El resultado es el mismo: creadores que se van o que se callan.
Colombia apareció como laboratorio. Un país que ha intentado proteger su cine con leyes y fondos, pero que tiembla cada vez que cambia el gobierno.
La pregunta flotó: ¿cuánto dura un modelo de protección cuando la ideología del poder muta? Nadie se atrevió a dar una fecha.
Después vino lo más incómodo: la autocensura. No hace falta un decreto si el miedo se instala en la sala de montaje.
Los cineastas lo dijeron sin adornos: el mercado exige representaciones digeribles, exotizadas, vendibles. Pero una cultura que no se representa a sí misma, con sus contradicciones y heridas, termina siendo representada por otros.
La salida no fue heroica. Fue comunitaria. Solidaridad entre pares, diálogo con públicos, pedagogía para desactivar el miedo.
No se trata de esperar que el Estado o el mercado se apiaden. Se trata de tejer redes que sostengan lo frágil. Porque el cine, cuando es libre, no es entretenimiento: es memoria, es espejo, es trinchera.
La mesa terminó sin conclusiones felices. Solo con una certeza: mientras alguien encienda una cámara sin pedir permiso, habrá algo que rescatar. Y eso, en tiempos de ruido, ya es una forma de libertad.
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