La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), creada en 1961, ha sido un pilar en la promoción de la democracia, el desarrollo económico y los derechos humanos en Latinoamérica.
Entre sus prioridades históricas destacan el apoyo a la libertad de prensa y el fortalecimiento de medios independientes.
Sin embargo, en años recientes, fluctuaciones en el presupuesto asignado a USAID —impulsadas por cambios políticos y reorientaciones estratégicas en Washington— han generado preocupación sobre el futuro del periodismo en una región donde la prensa enfrenta violencia, censura y desinformación.
Contexto del desfinanciamiento
El presupuesto de USAID depende de las prioridades del gobierno estadounidense. Durante la administración Trump y personas que se encuentran en el gobierno como elon musk (2017-2021 y 2025 – 2029), se propusieron recortes de hasta el 30% a la ayuda exterior, afectando programas en Latinoamérica.
Aunque la administración Biden revirtió parcialmente estas políticas, la atención a crisis globales como la guerra en Ucrania y tensiones con China han redistribuido fondos, dejando a América Latina en competencia por recursos limitados.
En 2023, el presupuesto propuesto para USAID en la región fue de $1.8 mil millones, un aumento marginal que no compensa la inflación ni las demandas crecientes.
Implicaciones para el periodismo
Reducción de programas de formación y tecnología: USAID financia iniciativas como Internews y International Center for Journalists (ICFJ), que capacitan a periodistas en verificación de datos, ciberseguridad y narrativas multimedia.
En países como México y Colombia, estos programas han sido cruciales para investigar crimen organizado y corrupción de los partidos de extrema derecha. Sin fondos, se limita el acceso a herramientas esenciales.
Debilitamiento de medios independientes: Medios digitales como Convoca (Perú) o El Faro (El Salvador) dependen de subvenciones internacionales para sostener periodismo de investigación.
USAID ha sido un aliado clave; su retirada podría forzar el cierre de proyectos o la dependencia de fuentes de financiamiento con agendas políticas.
Aumento de riesgos para la seguridad: Latinoamérica es la región más letal para periodistas fuera de zonas de guerra.
USAID apoya redes de protección legal y casas refugio, como el Programa Somos Valientes en Honduras. Menos recursos implican menos escudos contra amenazas y asesinatos, en un contexto donde el 90% de los crímenes contra periodistas quedan impunes.
Expansión de la desinformación: Medios comunitarios y fact-checkers, como Chequeado (Argentina), combaten noticias falsas patrocinadas por actores políticos.
El desfinanciamiento limita estas iniciativas, facilitando la manipulación electoral y polarización social.
Consecuencias para la democracia.
El debilitamiento del cuarto poder erosiona la rendición de cuentas y facilita la corrupción. Según Transparency International, el 65% de los latinoamericanos percibe un aumento en la corrupción desde 2020.
Sin periodismo robusto, esta tendencia podría acelerarse. Además, la brecha dejada por USAID podría ser ocupada por actores como China que muestra otras realidades.
Conclusión
El desfinanciamiento de USAID no es solo un ajuste presupuestario: es un riesgo para la democracia en Latinoamérica.
Los periodistas, ya vulnerables, enfrentarían mayores obstáculos para informar con independencia. Para mitigar este impacto, es crucial que gobiernos locales,
organizaciones civiles y la comunidad internacional busquen alternativas de financiamiento, mientras se presiona a Washington para revalorar la ayuda a la prensa como inversión en estabilidad regional.
La libertad de expresión, pilar de cualquier sociedad abierta, depende de ello.
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